Resumen

En 2016, Guatemala tenía un prevalencia estimada de VIH/sida en la población general de 0.5% por cada 1,000 habitantes. En las poblaciones consideradas clave la prevalencia es mayor: Mujeres Trabajadoras Sexuales (1.1%), Hombres que tienen Sexo con Hombres (10.5%) y Mujeres Trans (24.0%); por lo que se considera una epidemia concentrada. Para consolidar y darle concreción a los compromisos de acabar con el VIH/sida, pero sobre todo garantizar los derechos de las personas con este síndrome, es toral alinear el marco normativo y su asignación de recursos financieros. En el período 2007 a 2016, el Programa Nacional de ITS, VIH y Sida ha tenido un techo presupuestario de Q669.9 millones para acciones relacionados con VIH, de lo cual se devengó solamente Q 564.5 millones (un 84.3% de ejecución). Lo anterior implica espacios para promover que el gasto público sea eficaz. Aunque, la situación fiscal en Guatemala es compleja, existen amplios espacios que pueden ser explotados por las autoridades fiscales del país para mejorar la financiación sin la necesidad de incrementar las tasas vigentes, no obstante su obtención es más una tarea de mediano plazo. Los espacios fiscales con los que dispone el Estado de Guatemala para asegurar el financiamiento en VIH y cualquier programa de bienestar ascienden a un 15.2% del PIB. La sostenibilidad del gasto en VIH pasa forzosamente por conocer las necesidades y retos futuros, para con ello, realizar acciones de incidencia que legitimen y justifiquen la búsqueda de fuentes de financiamiento. Acerca de los desafíos futuros para el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, se estima que se necesitarán Q272.4 millones en 2020, y Q388.9 millones en 2026. para asegurar las estrategias de prevención y atención.