quieren poner encima de la mesa, una vez más,  los importantes déficits en el abordaje de la salud sexual para jóvenes en Cataluña y en el Estado español y sobretodo exigen la retirada de la reforma de ley de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) ya que vulnera los derechos sexuales y reproductivos de la población joven.

No a la reforma del IVE que castiga a las mujeres jóvenes más vulnerables

Ambas entidades, con más de veinte años de experiencia en la captación de los y las jóvenes para promover su salud sexual, quieren denunciar y rechazar –de nuevo- la última reforma aprobada por el Gobierno del PP el mes de septiembre del 2015, donde se obligaba a las mujeres jóvenes de 16 y 17 años a disponer de la autorización de los progenitores para acceder a una interrupción voluntaria del embarazo.

En este sentido el director del CJAS, Jordi Baroja, afirma que "desde que se ha aplicado la reforma de la ley hasta hoy, ya hemos conocido en nuestra entidad casos en que las jóvenes han sido privadas de su derecho a decidir sobre el propio cuerpo dejándolas, no sólo en una situación de desamparo familiar, sino también en una situación de desprotección que las aboca a las peores consecuencias: la clandestinidad o ser madres de una criatura no deseada".

Y es que la decisión del Gobierno del Estado de anular la capacidad de decidir sobre su maternidad a las mujeres de 16 y 17 años es devastadora. A pesar de que los estudios confirman que las jóvenes de 16 y 17 años que abortan son sólo un 3,6% del total y que más del 87% de estas jóvenes informan a sus tutores legales por voluntad propia, el Gobierno del PP decidió poner en riesgo la vida de las jóvenes que no pueden informar a sus familias, por motivos relacionados con una situación familiar compleja. Son mujeres que viven situaciones de violencia, desestructuración y desamparo familiar y que así lo acreditan los y las profesionales que las atienden. Un colectivo que sufre el máximo riesgo de vulnerabilidad social.

Silvia Aldavert, coordinadora del APFCIB, cree "que esta reforma es parte de un posicionamiento ideológico represivo que atenta contra la autonomía reproductiva de las mujeres; autonomía que constituye uno de los derechos sexuales y reproductivos, reconocidos en varias Convenciones y Conferencias de Naciones Unidas que España suscribió y ratificó y que obligan a los diferentes gobiernos a realizar actuaciones encaminadas al cumplimiento de lo acordado. Y que, de nuevo, se ha vuelto a aprobar en la Agenda Global de Desarrollo enmarcada en los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Por todos estos motivos, tanto SIDA STUDI como CJAS siguen exigiendo la retirada de la reforma legislativa que deja a las menores desprotegidas y vulnera sus derechos fundamentales.

No a estrategias represivas y sí a la educación sexual y el acceso a métodos anticonceptivos

Los datos de los últimos informes del propio Ministerio sobre interrupciones voluntarias del embarazo confirman que han ido disminuyendo en los últimos años, desmintiendo así el argumento que los conservadores utilizaban como amenaza constante a los derechos fundamentales de las mujeres. Van a la baja, también, los abortos de los grupos más jóvenes poniendo en entredicho cualquier estrategia represiva y dando la razón a los estudios de la propia OMS en favor de las leyes más progresistas y que promueven accesibilidad del aborto.

Según David Paricio, director de SIDA STUDI "las únicas iniciativas contrastadas que han demostrado su validez y fiabilidad a la hora de reducir embarazos no deseados son la educación sexual, mediante mecanismos de colaboración entre el sistema educativo y el sanitario, y el acceso universal a los métodos anticonceptivos, así como a los servicios específicos de educación y orientación sexual culturalmente adaptados a las necesidades de la población".

Y a pesar de la evidencia de la eficacia de estas políticas, el Estado español no las aplica y volvía a suspender en salud sexual según el barómetro europeo sobre libre elección de anticonceptivos modernos publicado el pasado mes de septiembre. Las razones del suspenso radican en la falta de implementación de programas de educación sexual en el ámbito educativo y la desigualdad que sufren mujeres jóvenes en el acceso a métodos anticonceptivos en algunas comunidades autónomas. Además, sigue paralizada la estrategia de salud sexual y reproductiva y se está retrocediendo cada vez más en el acceso a los anticonceptivos y en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva. Tampoco existe ninguna política de formación a estudiantes y profesionales sociosanitarios.

Ni desde el gobierno español ni desde el gobierno el catalán se han impulsado campañas extensivas de promoción sobre esta temática ni se ha implantado la educación sexual y reproductiva en los currículos escolares y la formación a profesionales. Asimismo siguen recortando derechos como son la reducción al acceso de anticonceptivos de última generación, y se continúa aplicando el Real Decreto que deja sin tarjeta sanitaria a personas en situación administrativa irregular. Medidas, todas ellas, que afectan directamente a los colectivos más vulnerables y, fundamentalmente, a las mujeres más jóvenes.

Exigen a las instituciones garantías de cumplimiento de los derechos

Por ello, ambas entidades apelan al nuevo Gobierno y al Parlamento de Cataluña a confirmar su compromiso para garantizar los Derechos Sexuales y Reproductivos como eje fundamental en las políticas que deben construir el futuro del país.

Como entidades referentes en el trabajo y atención a jóvenes y su salud sexual y reproductiva, seguirán luchando y abriendo espacios de libertad y seguirán trabajando para una sexualidad libre, placentera, no discriminatoria, no sumisa ni heteropatriarcal.