Resum
Los determinantes legales de la salud juegan un papel muy importante en la consecución del
objetivo de ONUSIDA de acabar con la epidemia de VIH en 2030. Aun con sombras, la legislación
de desarrollo del artículo 43.1 de la Constitución, que reconoce el derecho a la protección de la
salud, garantiza que el acceso a la asistencia
sanitaria con cargo a fondos públicos sea (casi) universal,
lo cual permite acceder al tratamiento antirretroviral
a (casi) todas las personas con el VIH que
lo necesitan y solicitan. Además, la Ley 15/2022
establece en su artículo 2.1 que nadie puede ser
discriminado por una variada lista de razones,
entre las que se encuentra el estado serológico como razón diferenciada de la discapacidad y de
la enfermedad.
